No cabe duda de que de todas las inconsistencias de tiempos recientes en nuestro país, la aprobación en primer debate de una ley para reactivar la emisión de licencias de pesca de arrastre es la peor.

La pesca de arrastre es un símbolo global de insostenibilidad. Esta práctica causa la muerte incidental de miles de peces y otras especies marinas y la destrucción del fondo marino convirtiéndolo -en palabras de un pescador nacional- en un verdadero desierto.

El fondo marino es importante por la cantidad de vida que alberga y propicia, y porque en él se acumulan y guardan hasta tres cuartas partes de todas las emisiones de carbón en nuestro planeta. Revolverlo y destruirlo implica liberar carbón que se acumulará en la atmósfera, contribuyendo de manera directa al calentamiento global.

Las decisiones de este tema siempre parecen tomarse con fines electoreros. Me cuesta pensar que muchos diputados actúen a favor de semejante legislación si no estuvieran convencidos de que esto les generará votos a sus partidos y allegados en las próximas elecciones municipales, confiando en que la Sala Constitucional evitará que el país de verdad apruebe semejante despropósito.

Los pobres como escudo

Me indigna que no actúen con base en principios firmes y valores consistentes con lo que nuestro país pregona a nivel internacional y sobre la base de “estudios” hechos en abierto conflicto de interés por quienes están directamente interesados en su aprobación.

Molesta que los dueños de barcos usen a los pobres como escudo, sabiendo que usar sus barcos unas cuantas veces más causará daños permanentes sobre la fauna y recursos marinos de que éstos dependen a mediano y largo plazo, sumiéndolos entonces sí en una pobreza permanente que les obligará a emigrar lejos de la costa.

Los gobiernos han tenido seis años para actuar y generar alternativas de empleo en la costa. Como no lo han hecho, serán corresponsables de la crisis social que venga.