No quiero juzgar con base en informaciones incompletas y cargadas políticamente a ninguno de los muchos actores mencionados en el “cementazo”, pues en un estado de derecho nadie puede ser condenado sin ser juzgado por los tribunales de justicia. Así que evitaré mencionar nombres.

Sin embargo, hay dos razones de fondo por las que muchos de los actores citados en este caso deberían renunciar irrevocablemente, mientras que otros deberían poner sus puestos a disposición de las instancias superiores.

Una persona que es cuestionada tanto por líderes de su partido, como por sus pares en otras fuerzas políticas, por instancias formales de control, por los medios de comunicación, y masivamente por la redes sociales ha perdido la confianza, el respeto, el capital político y/o el espacio de negociación para actuar; por lo tanto su remoción resulta mejor que su continuidad para el avance de los procesos del gobierno y sus instituciones.

La segunda es que si a dicha persona se le confiaron activos, recursos y procesos para el bien común de la sociedad y —sea por negligencia, incapacidad o por corrupción propia o de sus colaboradores— los ha dilapidado, lo apropiado es renunciar, pues tales recursos ya no servirán para el propósito al que estaban destinados.

En los últimos gobiernos, y ciertamente en este caso reciente, se debieron producir muchas renuncias, tanto porque la situación los ha llevado a perder su capacidad de ejercer productivamente el cargo como porque deben reconocer que ya no es apropiado seguir al frente de instituciones y recursos que no podrán ser usados con eficacia.

No se trata de iniciar una “cacería de brujas”, sino de mantener en cada cargo a una persona con el capital político y social para impulsar cambios necesarios; para garantizar transparencia y eficiencia en cada decisión y paso. Hay muchos funcionarios que ya no cumplen y que, por dignidad, deben renunciar.